La Comisión Directiva de la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS), hace pública la adhesión al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y cree necesario sumar estos argumentos sobre la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en Argentina.
El aborto es una práctica individual y política, en tal sentido requiere análisis y respuestas que atiendan a lo que cada persona gestante decide para su vida. Las mujeres abortan subvirtiendo el orden impuesto por la cultura patriarcal que domina y oprime, y que señala que la ecuación posible es la de mujer igual a madre. Quienes abortan rompen con el mandato patriarcal para tomar el control y dominio sobre sus cuerpos y decisiones. Queda claro que las personas deciden y lxs profesionalxs debemos acompañar en esas decisiones en donde muchas veces hay riesgo de vida.
Lxs profesionalxs que las unidades académicas formamos, deberán cumplir lo que plantea la ley Federal de Trabajo Social (ley 27072) que entre sus objetivos nos desafía a contribuir a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales. La interrupción voluntaria del embarazo es una práctica estrechamente vinculada al respeto por los derechos humanos. Las personas gestantes la realizan para evitar continuar con un embarazo que no desean, pueden o quieran llevar adelante en ese momento de su vida. En su articulado, la mencionada ley nos plantea la necesidad por el respeto a los derechos humanos, la liberación de las personas, la justicia social y la diversidad de prácticas que definen las personas.
El aborto es un problema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social. De salud pública porque es la primera causa de muerte materna en mujeres en edad reproductiva, de derechos humanos porque hace al respeto de la autonomía, libertad y decisión que toman las mujeres y se plantea como un problema de justicia social, porque son las mujeres con mayores vulnerabilidades las que pagan con un fuerte impacto en su salud física y psíquica, cuando no con su propia vida el ejercicio de una decisión que, legal o no legal, de igual manera toman.
Al respecto contamos con datos alarmantes. Tal como figura en el último informe de 2018, la Fundación Soberanía Sanitaria a partir de las Estadísticas Vitales de la DEIS – Ministerio de Salud de la Nación, en los últimos diez años, casi 3000 mujeres han muerto por causas directamente relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. Por otra parte, hay en nuestro país un subregistro de muertes maternas y de muertes por abortos inducidos muy preocupante. El informe advierte “Las muertes maternas son evitables. Las intervenciones para prevenir sus causas más frecuentes están probadas, disponibles y son costo-efectivas. Los países que han conseguido disminuirlas han adoptado políticas globales, tales como garantizar el acceso a servicios de salud sexual de calidad para la prevención del embarazo no deseado, el manejo apropiado del embarazo de alto riesgo (diabetes, hipertensión y anemia), la provisión de abortos seguros y el tratamiento de sus complicaciones cuando han sido realizados en condiciones riesgosas.”[2]
La legalización del aborto permitirá desarrollar políticas públicas que facilitan el acceso a prácticas más seguras y respetuosas de los derechos humanos y disminuyan las complicaciones y muertes por esta causa, así como incrementar las políticas vinculadas a la prevención de embarazos no deseados. La despenalización y legalización del aborto permitirá reconocer a las mujeres como sujetos de derechos, con autonomía plena, con capacidad de decidir. Será un avance significativo en respeto por los derechos humanos tal como lo plantean las normativas internaciones a las que nuestro país ha suscrito, como a las leyes que ha dictado.
Quienes participamos de manera directa en los procesos de formación de grado de trabajadores/as sociales, en nuestra práctica docente cotidianamente nos enfrentamos a nuevos y viejos desafíos en relación al respeto de los derechos humanos, la justicia social y el achicamiento de las brechas de desigualdades existentes. Creemos que el Estado debe representar a la sociedad en su conjunto, sosteniendo y profundizando las políticas públicas que permitan mejorar la vida de las personas con educación sexual, anticonceptivos y aborto legal.
Junio de 2018.
PRESIDENTA: Bárbara García Godoy
Carrera de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.
SECRETARIA: Selene Mira
Carrera de Trabajo Social. Universidad Nacional de La Rioja.
TESORERA: Rosana Pieruzzini
Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de Entre Ríos.
PRIMER VOCAL TITULAR: Gisela Spasiuk
Lic. en Trabajo Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Misiones.
SEGUNDO VOCAL TITULAR: Rossana Crosetto
Carrera de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba.
PRIMER VOCAL SUPLENTE: María Eugenia Hermida
Lic. en Trabajo Social. Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Universidad Nacional de Mar del Plata.
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: Claudia Lugano
Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de La Plata.
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
PRIMER TITULAR: Eliana Lazzaro
Carrera de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Cuyo.
SEGUNDO TITULAR: Alejandra Vidal
Departamento de Trabajo Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
SUPLENTE: Marcelo Lucero
Carrera de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de San Juan.
[1] Agradecemos a la Lic. Alejandra Domínguez, docente de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba por su asesoramiento y contribución en la formulación de este texto.
[2] AAVV. Segundo informe de la serie sobre Salud y Género. Aborto clandestino: lo que muestran y lo que ocultan las “muertes maternas”. En: Informe Fundación Soberanía Sanitaria No 26 · JUNIO 2018. Disponible en: www.soberaniasanitaria.org.ar
